Los consultantes, matrimonio residente en territorio español y de nacionalidad española, percibe (cada uno de ellos) una pensión de jubilación procedente de Reino Unido.
 
CUESTION PLANTEADA

Tratamiento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las pensiones percibidas.

CONTESTACIÓN COMPLETA

El artículo 2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del 29), en adelante LIRPF, establece que “el objeto del Impuesto es la renta del contribuyente, entendida como la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por la ley, con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador”.
Conforme al artículo 5 de la LIRPF: “Lo establecido en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Española”.

Por lo que se refiere a la tributación de las pensiones, obtenidas en el Reino Unido y satisfechas a personas residentes en España, el Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, suscrito entre los dos Estados, de 21 de octubre de 1975 (BOE de 18 de noviembre de 1976), establece en su artículo 18.1:

“1) Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 19, las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas en consideración a un empleo pasado a un residente de un Estado contratante, así como las anualidades pagadas a este residente sólo podrán someterse a imposición en ese Estado”.

Por su parte, el artículo 19.3 se expresa en los siguientes términos:

“3) Las pensiones pagadas a una persona física por o con cargo a fondos creados por el Reino Unido o Irlanda del Norte, o por una autoridad local del Reino Unido, en consideración a servicios prestados al Gobierno del Reino Unido, o Irlanda del Norte, o a una autoridad local del Reino Unido, sólo pueden someterse a imposición en el Reino Unido. Si embargo, estas pensiones sólo pueden someterse a imposición en España si el beneficiario es nacional y residente en España”.

Así pues, por aplicación de las disposiciones citadas del Convenio, cabría distinguir, según el origen de las pensiones:

a) Si las pensiones tienen su origen en trabajos o empleos en el sector privado, la tributación de las mismas corresponderá exclusivamente al Estado en el que tiene su residencia los perceptores (en el caso consultado: en España) de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Convenio.

b) Si las pensiones tuvieran su origen en trabajos o empleos prestados en el sector público, esto es, servicios prestados al propio Estado o a una de las autoridades locales del Reino Unido y el pensionista no tuviera la nacionalidad española, dichas pensiones tributarían exclusivamente en el Reino Unido.

c) Si las pensiones tuvieran su origen en servicios prestados en el sector público, al Estado o a sus autoridades locales, y el pensionista tiene la nacionalidad española, la tributación de las pensiones corresponde exclusivamente a España.
De conformidad con lo anterior, en el caso de que la pensión esté sometida a tributación en España, se considerará rendimiento del trabajo, según lo establecido en el artículo 17.2.a)1ª de la LIRPF.

La obligación de declarar se recoge en el artículo 96 de la LIRPF, que exime de la obligación de declarar a los contribuyentes cuyos rendimientos no excedan de 22.000 euros anuales, salvo que procedan de más de un pagador, en cuyo caso el límite anterior será de 11.200 euros siempre que las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales, si no se supera esta cantidad el límite se mantiene en los 22.000 euros. El límite también será de 22.000 euros, cuando procediendo de más de un pagador, se trate de contribuyentes cuyos únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones pasivas a que se refiere el artículo 17.2.a) de esta Ley y la determinación de tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial que reglamentariamente se establezca.

El artículo 84 de la LIRPF, dispone: “Los importes y límites cuantitativos establecidos a efectos de la tributación individual se aplicarán en idéntica cuantía en la tributación conjunta, sin que proceda su elevación o multiplicación en función del número de miembros de la unidad familiar.” Así pues, en caso de tributación conjunta habrán de tenerse en cuenta los mismos límites cuantitativos señalados anteriormente. No obstante, a efectos de determinar el número de pagadores se atenderá a la situación de cada uno de los miembros de la unidad familiar individualmente considerado.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


 
 
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